Saludos bloguer@s
Esta semana me gustaría abordar un tema que vais a volver a ver en los medios, ya que aunque fue noticia hace más de un año, las tasas judiciales no se han ido y hoy 20 de noviembre abogados de toda España se manifiestan por su abolición. Pero como siempre, para emitir un juicio de valor, lo mejor será saber de que estamos hablando.
¿Qué son las tasas judiciales?
Desde el 20 de noviembre del pasado año, las tasas suponen un impuesto el cual debe ser pagado si deseas comenzar un procedimiento judicial. El "objetivo" de dicha medida viene justificado en la Exposición de Motivos, donde se especifica que el objetivo no es otro que racionalizar y agilizar la administración de los procesos judiciales.
Si ya de por sí, hemos de tener en cuenta el coste del abogado y del procurador, así como todos aquellos que se pueden derivar del proceso (peritos, certificados,...); ahora además hay que añadirle este sobrecoste que puede ir desde los 150€ como mínimo en el caso de los monitorios (procedimientos en los que queremos cobrar una deuda reconocida) hasta los 1.200€ que cuesta la tasa de un recurso de casación al Tribunal Supremo.
Un año después, ¿han conseguido lo que se proponían?
Pasado un poco el tiempo y pudiendo analizar ya los datos que nos arroja el primer año de tasas en España, los objetivos han estado lejos de cumplirse. Mientras que los tiempos de resolución se han mantenido inalterados (cuando no han aumentado), son numerosos los informes que halan de un descenso de más del 14% en el número de demandas planteadas, número aún mayor si hablamos de recursos y revisiones en segunda instancia. Asimismo, según un estudio, siete de cada diez personas que acude a un despacho de abogados abandona porque no puede pagar.
En España se han recaudado por las tasas judiciales 101 millones de euros hasta el 30 de septiembre, cantidad muy alejada de la previsión del Ministerio de Justicia, que calculó que los ingresos anuales por la recaudación de las tasas ascenderían en 2013 a 306 millones de euros frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.
Así, en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, nos explica lo que han supuesto las tasas:
«Imaginen que para descongestionar la Sanidad se impidiera el acceso de los enfermos a los Hospitales. Eso es lo que han hecho las tasas judiciales: se han reducido los litigios a costa de dejar fuera del sistema a los que menos recursos económicos tienen».
Y es que dificultar el acceso a la Justicia no tiene nada que vez con su eficiencia y agilidad. Si queremos juzgados descongestionados, creemos más y con más personal; y si queremos procesos más ágiles tal vez debamos implementar instrumentos telemáticos que reduzcan y faciliten la gestión. Lo que no podemos es evitar el acceso a los Tribunales de gente que tal vez tiene recursos suficientes para no ser beneficiarios de Justicia Gratuita pero no para asumir el sobrecoste que esta medida supone. Así que a riesgo de romper con la neutralidad que intento en este post, no se me ocurre mejor forma de acabar el post que:
Esta semana me gustaría abordar un tema que vais a volver a ver en los medios, ya que aunque fue noticia hace más de un año, las tasas judiciales no se han ido y hoy 20 de noviembre abogados de toda España se manifiestan por su abolición. Pero como siempre, para emitir un juicio de valor, lo mejor será saber de que estamos hablando.
¿Qué son las tasas judiciales?

Si ya de por sí, hemos de tener en cuenta el coste del abogado y del procurador, así como todos aquellos que se pueden derivar del proceso (peritos, certificados,...); ahora además hay que añadirle este sobrecoste que puede ir desde los 150€ como mínimo en el caso de los monitorios (procedimientos en los que queremos cobrar una deuda reconocida) hasta los 1.200€ que cuesta la tasa de un recurso de casación al Tribunal Supremo.
Un año después, ¿han conseguido lo que se proponían?
Pasado un poco el tiempo y pudiendo analizar ya los datos que nos arroja el primer año de tasas en España, los objetivos han estado lejos de cumplirse. Mientras que los tiempos de resolución se han mantenido inalterados (cuando no han aumentado), son numerosos los informes que halan de un descenso de más del 14% en el número de demandas planteadas, número aún mayor si hablamos de recursos y revisiones en segunda instancia. Asimismo, según un estudio, siete de cada diez personas que acude a un despacho de abogados abandona porque no puede pagar.
En España se han recaudado por las tasas judiciales 101 millones de euros hasta el 30 de septiembre, cantidad muy alejada de la previsión del Ministerio de Justicia, que calculó que los ingresos anuales por la recaudación de las tasas ascenderían en 2013 a 306 millones de euros frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.
Así, en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, nos explica lo que han supuesto las tasas:
«Imaginen que para descongestionar la Sanidad se impidiera el acceso de los enfermos a los Hospitales. Eso es lo que han hecho las tasas judiciales: se han reducido los litigios a costa de dejar fuera del sistema a los que menos recursos económicos tienen».
Y es que dificultar el acceso a la Justicia no tiene nada que vez con su eficiencia y agilidad. Si queremos juzgados descongestionados, creemos más y con más personal; y si queremos procesos más ágiles tal vez debamos implementar instrumentos telemáticos que reduzcan y faciliten la gestión. Lo que no podemos es evitar el acceso a los Tribunales de gente que tal vez tiene recursos suficientes para no ser beneficiarios de Justicia Gratuita pero no para asumir el sobrecoste que esta medida supone. Así que a riesgo de romper con la neutralidad que intento en este post, no se me ocurre mejor forma de acabar el post que:
NO A LAS TASAS
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