4 abr 2016

Estimada Teresa Rodríguez

La semana pasada fuimos testigos de cómo usted y algunos de sus compañeros cometían el error de caer en la trampa de esa frase tan manida: “El fin justifica los medios”. Me explico. 

El concejal de “Jaén En Común” Andrés Bódalo entraba en prisión al haber sido condenado a tres años y medio. El edil fue sentenciado por la agresión al teniente de alcalde de Jódar (Jaén) durante una protesta de jornaleros en 2012, que se suma a una pena previa. Ya había sido condenado a dos años por altercados durante la huelga general de 2002 y a otro por su participación en unos incidentes ocurridos en 2005 en la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Además, el año pasado se enfrentó a dos juicios de faltas, uno de ellos por ocupar una sede de la Junta durante unas horas en protesta por un desahucio y otro por altercados en torno a un acto del diputado de “Amaiur”, Sabino Cuadra. En cuanto se conoció la última sentencia, el SAT anunció su intención de recurrirla. Sin embargo, un error de la procuradora dio lugar a que el recurso no se presentara en tiempo y forma, de manera que el Tribunal Supremo no lo admitió. El sindicato ha recurrido al Constitucional, al entender que se han vulnerado derechos fundamentales; este último recurso, no obstante, no ha paralizado la ejecución de la sentencia. La familia, además, ha solicitado el indulto.

Pues bien, creo que usted ha planteado la cuestión desde un punto de vista equivocado. En primer lugar, la violencia siempre es deleznable y ni siquiera los más que legítimos anhelos del SAT pueden justificarla. En segundo lugar, hay una sentencia firme que toca asumir y contra la que sólo cabe pelear con los medios que el Derecho pone a nuestra disposición. No se puede acusar a los jueces de prevaricación y de haberse saltado las garantías procesales del condenado sin más pruebas que la intención de salvar la imagen de este concejal. En tercer lugar, siempre que sea posible, hay  que contar la verdad. No se puede decir, sin más, que el señor Bódalo entra en prisión por una agresión cuando ya se le ha suspendido alguna que otra pena de cárcel anterior. La más que demostrada reincidencia de este señor no ampara este razonamiento. En cuarto lugar, yo no me rasgo las vestiduras por su comparación con el poeta Miguel Hernández, aunque sí que me parece desproporcionada y sobreactuada. Fue un preso político, estuvo condenado por rojo, por comunista, en una dictadura en la que lo dejaron morir de tuberculosis en la prisión. Las diferencias entre un caso y otro son demasiado grandes. Andrés Bódalo no ha sido sentenciado por motivos políticos, sino por una agresión física, en un sistema democrático, imperfecto, pero democracia al fin y al cabo.

Por último, le recomiendo, para la próxima vez que se encuentre ante un caso parecido, condenar siempre la violencia y criticar la desproporción existente en nuestro Código Penal entre la condena de este tipo de delitos llevados a cabo en el ámbito de la protesta y los delitos económicos que, tan moda, se han puesto en los últimos años en nuestro país. Este razonamiento sí lo hubiera entendido todo el mundo.

Silvia Eliche Ramos

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