El pasado jueves tuve la oportunidad de asistir a la
presentación del Informe sobre el Estado de la Jurisdicción Universal en España
que ha realizado la Fundación Internacional Baltasar Garzón que preside el
exmagistrado homónimo.
En ella tuve la oportunidad de conocer de la mano de los
profesionales que actualmente son punta de lanza en la defensa de los Derechos
Humanos en el mundo el deplorable retroceso sufrido. En España, tras la
(contra)reforma de la Jurisdicción Universal perpetrada por la mayoría del
Partido Popular, se ha procedido al archivo de causas como el Caso Guatemala o
el Caso Tibet.
Asimismo la presentación y posterior lectura de dicho
informe me ha permitido conocer otros muchos casos, desconocidos hasta ahora para
mí, como los del Caso Falun Gong. Es por ello que encuentro dos sentimientos
entrelazados. En primer lugar el orgullo de poder contar en la profesión (no
solo abogados, sino jueces, fiscales, economistas, etc…) verdaderamente
implicados en la protección y defensa de los Derechos Humanos, no sólo en
nuestras fronteras, sino más allá de ellas. Y por otro la desazón de que el
porcentaje de juristas que se dedican a esta honorable tarea sea tan exiguo.
Que no se nos caiga la cara de vergüenza, y me pongo en primer lugar, de ver
los excesos cometidos a diario y no seamos más los que nos lancemos a su
denuncia.
Puede que solo sea una denuncia, pero también es un
manifiesto para el ejercicio de una abogacía más comprometida y militante, una
abogacía que además de para vivir, nos sirva para hacer donde vivimos un lugar
mejor. Gracias compañeros.
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